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OSA Argentina
22.12.2009  por TOTALMEDIOS

Ley de medios: tercer fallo contra su aplicación

La jueza federal mendocina Olga Pura de Arrabal dictó una medida cautelar para evitar que se aplique la ley de servicios de comunicación audiovisual. Es el tercero en una semana. La Justicia hizo lugar a una presentación realizada por el diputado nacional Enrique Thomas.

La jueza federal mendocina Olga Pura de Arrabal dictó una medida cautelar para evitar que se aplique la ley de servicios de comunicación audiovisual, la tercera en menos de una semana.

La jueza hizo lugar a una presentación realizada por el diputado nacional Enrique Thomas, que patrocinó el ex juez Federal, Luis Leiva. El letrado aseguró que la medida "suspende la aplicación de la ley en todo el país".
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Según adelantó Leiva, "esto terminará en la Corte Suprema", aunque advirtió que para que eso ocurra "falta mucho".

Otros fallos. La última semana, a pedido del Comité de Defensa del Consumidor (Codelco), el juez federal de Salta, Miguel Antonio Medina, había paralizado la aplicación de la ley de medios : suspendió los límites que fija la norma a la acumulación de licencias, frenó el plazo de un año para vender empresas que exceden esos límites y le ordenó al Poder Ejecutivo Nacional abstenerse de reglamentar la norma, lo que le daría alcance nacional a su decisión.

El fallo que dictó Medina en defensa del derecho de los salteños a acceder a la información y no ver restringida la oferta informativa que se produciría con la venta o desaparición de canales, era la segunda sentencia que dictaba la Justicia contra la ley 26.522, de medios audiovisuales.

La citada ley, sancionada como una pieza de la estrategia del Gobierno para enfrentar a los medios, creó la Autoridad de Aplicación -un nuevo Comfer-, con mayoría oficialista; establece límites muy estrechos sobre la cantidad de canales, radios y señales que puede tener cada grupo; obliga a los grupos a desprenderse de los medios que poseen en exceso en el plazo de un año, limita las trasmisiones en red y crea un cuestionable régimen de sanciones.

El miércoles pasado, a pedido del Grupo Clarín, el juez federal Edmundo Carbone había suspendido la aplicación del artículo 161, que establece que el plazo de un año para vender empresas de medios para adecuarse a la ley y del artículo 41, por el cual sólo se pueden vender medios con autorización oficial. El Congreso tiene esa facultad, pero lo que parece inconstitucional -entendió Carbone- es que esa ley se aplique retroactivamente para acortar los plazos de explotación de licencias que poseen esas empresas, lo cual viola derechos adquiridos.

Ese mismo día, el juez Medina resolvió favorablemente la presentación de Codelco mediante un amparo colectivo, en defensa de la libre elección de los salteños para decidir a qué información quieren acceder: suspendió, también, el artículo 161, pero agregó la suspensión de otras cinco normas, y le impidió al Poder Ejecutivo reglamentar la ley.

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