La Presidenta quiere apurar el envío de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al Congreso. Según se supo podría enviar el proyecto que reemplazará la ley 28.285 esta semana o en septiembre. La idea es aprobarlo antes del recambio legislativo de diciembre.
El gobierno de la presidenta Cristina Kirchner quiere apurar el envío de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al Congreso, en el marco de la pulseada que mantiene con los grandes grupos de medios.
Tal como anticipó hace pocas semanas el titular del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), Gabriel Mariotto, el proyecto que reemplazará a la Ley de Radiodifusión 22.285 sería enviado antes del 10 de diciembre, cuando se renovarán las bancas en el Congreso y el oficialismo perderá su mayoría.
Existen diversas versiones sobre la fecha concreta en que la Casa Rosada remitirá el proyecto al Parlamento: una de ellas indica que sería esta semana y la otra que podría ser en septiembre próximo.
El nuevo impulso a la Ley se da en el marco de las nuevas críticas del Gobierno a los grandes multimedios (la Presidenta habló la semana pasada de un "fusilamiento mediático") y en medio de las disputas abiertas con el grupo Clarín y la interrupción de los contratos entre la AFA y TyC por los derechos de televisión de los partidos de Primera División de fútbol.
De hecho, la nueva ley implica una serie de medidas que apuntan a desarmar a los grandes multimedios para evitar la conformación de monopolios, según reza la letra oficial.
De esta manera, reemplazará radicalmente a la ley 22.285, sancionada en 1980 por el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, y modificada por la Reforma Constitucional de 1994 encarada por el entonces presidente Carlos Menem, y el decreto 1005/99 del gobierno de Fernando de la Rúa.
Los puntos centrales de la nueva normativa se encuentran en el artículo 38, en el que se prohíbe a los licenciatarios tener una licencia de televisión abierta y una de cable a la vez, y se establece un techo del 35 por ciento del total nacional de habitantes a los que se les puede presta un servicio.
El mismo artículo generó polémica debido al apartado que establece que la Secretaría de Medios revisará las licencias otorgadas cada dos años "con el objeto de resguardar la competencia y el interés público", aunque el Gobierno aclaró que este punto no pretende ejercer presiones sobre los licenciatarios.
Por otra parte, el artículo 24 señala que la empresa prestadora del servicio de radiodifusión "deberá tener un capital social de origen nacional" y sólo puede contar con "hasta un máximo del 30 por ciento" de capital accionario extranjero.
Además, el artículo 21 establece que la prestación de servicios de comunicación podrá ser "de gestión estatal, gestión privada con fines de lucro y gestión privada sin fines de lucro", ésta última, excluida de la Ley de Radiodifusión vigente.