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24.01.2023
Alianza contra la Piratería Audiovisual renueva su conducción
La Alianza contra la Piratería de Televisión Paga (Alianza) designó al Gerente Regional Antipiratería de Vrio Corp, Jorge A. Bacaloni, como nuevo presidente de la entidad para el período 2023, con el desafío de liderar las estrategias conjuntas de la industria.
El consumo ilegal de contenidos audiovisuales robados creció fuertemente en la región desde 2019, en sintonía con una mayor oferta proveniente de plataformas ilegales de streaming. Este flagelo pone en riesgo información sensible y privada de los usuarios, desincentiva la inversión privada formal y atenta contra el empleo, el desarrollo de infraestructura moderna y la recaudación fiscal.
La Alianza contra la Piratería de Televisión Paga (Alianza) designó al Gerente Regional Antipiratería de Vrio Corp, Jorge A. Bacaloni, como nuevo presidente de la entidad para el período 2023, con el desafío de liderar las estrategias conjuntas de la industria para luchar contra un flagelo que creció exponencialmente en los últimos años, considerando que desde el año 2021 el 58% de la población online de la región tiene tendencia a acceder a contenidos ilegales.
Jorge lidera la lucha contra la piratería audiovisual desde Vrio Corp, empresa integrada por DIRECTV Latin America, SKY Brasil y la plataforma de streaming DGO. Es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y se ha especializado en materia de propiedad intelectual y en antipiratería, con experiencia de más de una década en las temáticas para grandes compañías internacionales.
Estudios realizados por Ipsos -una multinacional de investigación de mercados y consultoría- a pedido de Alianza, sobre la base de encuestas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y México, dieron cuenta de un fuerte salto de la oferta ilegal de contenidos robados por vía de la retransmisión y también del consumo de estos en los últimos años, con un punto de impulso en el proceso de aislamiento social que generó la pandemia de COVID-19.
Este flagelo cruza fronteras de género, edad y nivel socioeconómico, y expone ante un elevado nivel de riesgo la información de los usuarios, como ser datos personales y familiares. Según los estudios de mercado, la mayoría de los usuarios son víctimas dado que desconocen la procedencia ilegal de una plataforma pirata cuando la consumen: dos de cada diez creen que las plataformas de piratería son legales y tres de cada diez no lo sabe, según el relevamiento de Ipsos.
“Sin dudas, la piratería es un fenómeno que está en pleno crecimiento. Y combatirla demanda de una articulación público-privada y la asignación de recursos humanos, tecnológicos y económicos. Hay que sumar esfuerzos porque este problema desincentiva la inversión y sin inversión no hay desarrollo económico posible. En una región como Latinoamérica es fundamental que la economía formal crezca, que haya más empleos y mejores condiciones de vida para nuestros pueblos”, consideró Bacaloni.
Bacaloni sucedió a Víctor Roldán, Líder Legal de Negocios para WarnerMedia Latin America, quien el 31 de diciembre terminó su mandato. Y estará durante un año al frente de la entidad conformada por programadores de señales de tv paga y contenido, operadores de tv paga, compañías de tecnología y asociaciones de industria, acompañado por una comisión directiva con expertos de otras compañías.
Alianza tiene el único objetivo de combatir la piratería audiovisual en todas sus modalidades; realiza investigaciones y estudios (regionales y específicos de cada país); impulsa el cumplimiento y aplicación de la ley; dicta capacitaciones a actores clave; impulsa iniciativas regulatorias y legislativas; concientizar a la sociedad; y aúna esfuerzos tecnológicos contra dispositivos pirata.
Los miembros de Alianza incluyen operadores de TV paga como DIRECTV Latin America y SKY Brasil – de Vrio Corp-; programadores como Warner Bros. Discovery, Disney, Globo, Telecine, Win Sports, LaLiga, Ole Distribution (representante de los canales de A&E Networks, NBCUniversal y Sony), proveedores de tecnología como Nagra y asociaciones de la industria como ABTA y CAPPSA.
Bacaloni comentó que uno de los objetivos es que Alianza crezca y se fortalezca con el ingreso de más empresas. “Es necesario que toda la industria asuma que este es un desafío de todos y se trabaje coordinadamente”, dijo.
“Alianza tiene un rol muy importante, pero no puede combatir en soledad a una red delictual enorme que crece a pasos agigantados de la mano de los avances tecnológicos. Por eso creemos que los gobiernos, además de crear condiciones propicias para que el privado cree valor, deben realizar acciones concretas para dar certidumbre y seguridad jurídica”, comentó Bacaloni.
La retransmisión no autorizada de señales y contenidos ya sea por cable o mediante la captura ilegal de los mismos desde los satélites o servidores que los alojan, incluyendo su retransmisión no autorizada a través de Internet, es un problema que afecta desde hace mucho tiempo a la industria del entretenimiento.
Se ha demostrado que la prevalencia y el impacto de la piratería se filtran, afectando a las economías locales a través de la reducción de empleos, a los gobiernos debido a la imposibilidad de recaudar sumas millonarias de impuestos y a los consumidores al comprometer su información personal y financiera.
A su vez, la piratería no proporciona servicios de calidad y no reinvierte en innovación o mejores contenidos, impactando a quienes aportan su talento para la creación de contenido, así como a quienes invierten en tecnología para generar programas que contribuyen a promover la cultura local, ofrecer entretenimiento, información, deportes, entre otros. Al mismo tiempo, socava los esfuerzos de quienes buscan proteger y promover la industria audiovisual nacional y los derechos de los artistas y trabajadores.
En esta nota:
La Alianza contra la Piratería de Televisión Paga (Alianza) designó al Gerente Regional Antipiratería de Vrio Corp, Jorge A. Bacaloni, como nuevo presidente de la entidad para el período 2023, con el desafío de liderar las estrategias conjuntas de la industria para luchar contra un flagelo que creció exponencialmente en los últimos años, considerando que desde el año 2021 el 58% de la población online de la región tiene tendencia a acceder a contenidos ilegales.
Estudios realizados por Ipsos -una multinacional de investigación de mercados y consultoría- a pedido de Alianza, sobre la base de encuestas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y México, dieron cuenta de un fuerte salto de la oferta ilegal de contenidos robados por vía de la retransmisión y también del consumo de estos en los últimos años, con un punto de impulso en el proceso de aislamiento social que generó la pandemia de COVID-19.
Este flagelo cruza fronteras de género, edad y nivel socioeconómico, y expone ante un elevado nivel de riesgo la información de los usuarios, como ser datos personales y familiares. Según los estudios de mercado, la mayoría de los usuarios son víctimas dado que desconocen la procedencia ilegal de una plataforma pirata cuando la consumen: dos de cada diez creen que las plataformas de piratería son legales y tres de cada diez no lo sabe, según el relevamiento de Ipsos.
“Sin dudas, la piratería es un fenómeno que está en pleno crecimiento. Y combatirla demanda de una articulación público-privada y la asignación de recursos humanos, tecnológicos y económicos. Hay que sumar esfuerzos porque este problema desincentiva la inversión y sin inversión no hay desarrollo económico posible. En una región como Latinoamérica es fundamental que la economía formal crezca, que haya más empleos y mejores condiciones de vida para nuestros pueblos”, consideró Bacaloni.
Alianza tiene el único objetivo de combatir la piratería audiovisual en todas sus modalidades; realiza investigaciones y estudios (regionales y específicos de cada país); impulsa el cumplimiento y aplicación de la ley; dicta capacitaciones a actores clave; impulsa iniciativas regulatorias y legislativas; concientizar a la sociedad; y aúna esfuerzos tecnológicos contra dispositivos pirata.
Los miembros de Alianza incluyen operadores de TV paga como DIRECTV Latin America y SKY Brasil – de Vrio Corp-; programadores como Warner Bros. Discovery, Disney, Globo, Telecine, Win Sports, LaLiga, Ole Distribution (representante de los canales de A&E Networks, NBCUniversal y Sony), proveedores de tecnología como Nagra y asociaciones de la industria como ABTA y CAPPSA.
Bacaloni comentó que uno de los objetivos es que Alianza crezca y se fortalezca con el ingreso de más empresas. “Es necesario que toda la industria asuma que este es un desafío de todos y se trabaje coordinadamente”, dijo.
“Alianza tiene un rol muy importante, pero no puede combatir en soledad a una red delictual enorme que crece a pasos agigantados de la mano de los avances tecnológicos. Por eso creemos que los gobiernos, además de crear condiciones propicias para que el privado cree valor, deben realizar acciones concretas para dar certidumbre y seguridad jurídica”, comentó Bacaloni.
La retransmisión no autorizada de señales y contenidos ya sea por cable o mediante la captura ilegal de los mismos desde los satélites o servidores que los alojan, incluyendo su retransmisión no autorizada a través de Internet, es un problema que afecta desde hace mucho tiempo a la industria del entretenimiento.
Se ha demostrado que la prevalencia y el impacto de la piratería se filtran, afectando a las economías locales a través de la reducción de empleos, a los gobiernos debido a la imposibilidad de recaudar sumas millonarias de impuestos y a los consumidores al comprometer su información personal y financiera.
A su vez, la piratería no proporciona servicios de calidad y no reinvierte en innovación o mejores contenidos, impactando a quienes aportan su talento para la creación de contenido, así como a quienes invierten en tecnología para generar programas que contribuyen a promover la cultura local, ofrecer entretenimiento, información, deportes, entre otros. Al mismo tiempo, socava los esfuerzos de quienes buscan proteger y promover la industria audiovisual nacional y los derechos de los artistas y trabajadores.
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