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05.02.2009
Francia reforma su TV pública y comienza a eliminar la publicidad
El Gobierno francés logró la adopción de la ley de reforma de la TV pública que elimina de a poco la publicidad en esos canales y modifica tandas en privados. Algo similar plantea España en un modelo que comienza a imponerse en Europa.
Tras un maratón parlamentario que comenzó en noviembre pasado, la mayoría conservadora en las cámaras francesas acabó por imponer una reforma que había sido perfilada por el presidente, Nicolas Sarkozy.
La ley queda sólo pendiente del anunciado recurso de los socialistas ante el Consejo Constitucional, al considerar que la reforma no se acomoda a la Carta Magna.
La medida más visible de la nueva ley es la reducción paulatina de la publicidad en los canales públicos, una decisión bien acogida por las televisiones privadas, que ven como optan así a una mayor parte del pastel de los anunciantes.
Además, la ley permitirá a los canales privados hacer un segundo corte publicitario en el horario de "prime time", mientras que en la actualidad sólo tienen previsto uno.
Por el momento, la ley establece que la publicidad desaparecerá en los canales estatales a partir de las 20 horas y hasta las 6 horas del día siguiente, lo que deja libre de anuncios los momentos de más audiencia televisiva.
La publicidad quedará eliminada de forma definitiva de los canales públicos cuando desaparezca la televisión analógica y se imponga la digital terrestre a finales de 2011.
Para compensar los ingresos que la televisión pública obtenía a través de la publicidad, la ley prevé aumentar el impuesto que cada hogar equipado con un receptor audiovisual paga en la actualidad.
Esa tasa pasará de los 116 euros del año pasado a 118 en el actual y 120 en 2010.
Además, la televisión pública recibirá dinero de dos nuevos impuestos que se impondrán sobre los ingresos publicitarios de los canales privados, entre el 1,5% y el 3%.
El impuesto también se aplicará a los operadores de comunicación electrónica, como la telefonía móvil o la televisión a través de internet.
Del resto de la financiación se encargará el Estado, con una dotación de 450 millones de
euros suplementarios.
Para la oposición socialista, el sistema no garantiza el futuro de una televisión pública independiente y sostenible desde el punto de vista económico.
Por ello, los grupos de izquierda trataron de bloquear la ley mediante la interposición de cientos de enmiendas, lo que retrasó mucho su adopción.
Los socialistas consideran que con la supresión de los anuncios, el presidente Sarkozy pretende dejar el pastel publicitario en manos de las privadas, cuyos patrones son amigos personales del jefe del Estado.
La otra medida más polémica es la que deja el nombramiento del presidente del audiovisual público en manos del presidente y por decreto, con los únicos filtros del Consejo Superior de lo Audiovisual y de la comisión de Asuntos Culturales de la cámara de diputados.
Tanto uno como otro tienen vinculación directa con el Gobierno, por lo que la oposición considera que deja en manos del jefe del Estado el poder absoluto de controlar los canales.
Esos dos órganos tienen la posibilidad de revocar el nombramiento del director del audiovisual público, pero el procedimiento no es sencillo.
La ley también establece que todo el sector audiovisual público quedará englobado en una misma empresa, lo que obligará a establecer un mismo convenio colectivo para todos los trabajadores.
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