Llegaron a un entendimiento las empresas del sector y el gobierno de Macri tras los últimos cruces. Los empresarios acordaron sacar de las calles 40.000 carteles ilegales. A cambio, la Ciudad les volverá a permitir tramitar nuevos permisos.
Tras tironeos, negociaciones y una serie de operativos de control, el Gobierno porteño y los empresarios de publicidad en la vía pública confirmaron el acuerdo para sacar de las calles 40.000 carteles ilegales, según publicó el diario Clarín. A cambio, la Ciudad les volverá a permitir tramitar nuevos permisos.
En el acuerdo el Gobierno se compromete a derogar la resolución N° 1.065, que había prohibido los permisos para la instalación de nuevos carteles, e incluso suspendía los trámites en marcha. A cambio, los empresarios se comprometen a levantar los 40.000 carteles, que equivalen a un 60% del total.
Durante los últimos dos domingos realizó operativos en la calle, en los que a más de 100 carteles les colocó una faja con la leyenda "Dispositivo publicitario en infracción". Además, intimó a los dueños de los carteles y a los anunciantes. Esto generó dures cruces entre los empresarios del sector y el gobierno de Macri
Finalmente, ayer volvió el diálogo. "Mañana (por hoy) derogamos la 1.065, y los empresarios empiezan a sacar los carteles truchos. Serán unos 40.000, que equivalen a 31.000 metros cuadrados de superficie. Ellos tienen 90 días para hacerlo, y semanalmente deberán pasarnos un informe. Es un gran paso para combatir la polución visual", le confirmó Juan Pablo Piccardo, ministro de Espacio Público, al periódico.
Según el funcionario, los que aceptaron el acuerdo son la Asociación Argentina de Publicidad Exterior (APE), la Cámara Argentina de la Industria del Letrero (CAIL), y la Cámara Empresaria de Publicidad en la Vía Pública. "Representan al 80% del sector. Seguiremos haciendo operativos con los carteles de las otras empresas que no figuran en estas cámaras, salvo que también se sumen al acuerdo", aseguró Piccardo.
Daniel Carnaghi, presidente de CAIL, agregó que "para nosotros es muy importante que deroguen la 1.065. También, que nos escuchen en la Comisión de Espacio Público de la Legislatura, donde se está discutiendo el nuevo Código de Publicidad".
La referencia tiene que ver con el origen del conflicto. El Gobierno macrista envió en mayo a la Legislatura un proyecto para modificar la normativa sobre publicidad en la calle, que plantea varias restricciones. Entre ellas, eliminar casi el total de marquesinas, y prohibir los carteles en las terrazas. También se prohibiría la colocación de sponsors y marcas en los carteles de los comercios, y se impedirá la colocación de carteles salientes, como los que ponen las inmobiliarias. A cambio, permitiría en los alrededores del Obelisco la instalación de pantallas y carteles electrónicos.
El sector empresario lo tomó como una amenaza a su actividad, al punto tal que inició una campaña en la calle, con carteles que dicen, por ejemplo, "Un cartel que pegaron acá logró que se vacunen más chicos".