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OSA Argentina
11.08.2008

La Justicia frena la licitación de la publicidad callejera en la Ciudad

Ordenó el juez porteño Roberto Gallardo suspender el proceso de licitación del denominado mobiliario urbano, integrado por los refugios de las paradas de colectivos y de taxis, carteles indicadores de calles y pantallas, entre otros. Lo hizo ante un recurso presentado por Spinazzola.

La justicia porteña ordenó frenar, una vez más, el proceso de licitación del denominado mobiliario urbano, integrado por los refugios de las paradas de colectivos y de taxis, carteles indicadores de calles y pantallas publicitarias, entre otros elementos.

El fallo, dictado por el juez porteño Roberto Gallardo, ordenó suspender la licitación; informar a la Unidad de Información Financiera Federal e informar lo resuelto a la Cámara Nacional de Apelaciones, que tiene a su cargo una denuncia a una de las empresas que compiten por el negocio de la publicidad en la vía pública en la ciudad.
Kantar IBOPE Media
La Justicia hizo lugar a una medida cautelar presentada por una empresa de publicidad en la vía pública, Spinazzola, quien denunció a la Comuna al considerar que habían intentado beneficiar a otras empresas que se presentaron a la licitación para fabricar, instalar y mantener el mobiliario urbano (refugios de transporte, carteles y señales).

Por su parte, el Procurador General de la Ciudad, Pablo Tonelli, dijo que el Gobierno apelará la medida de Gallardo "porque no hay motivos para suspender la licitación". Y además consideró que "la decisión del juez tiene motivaciones políticas".

En junio el Ministerio de Ambiente y Espacio Público había preseleccionado en la apertura del primer sobre de la licitación a cuatro empresas. En esta instancia Spinazzola se sintió perjudicada y pidió suspender la licitación.

Además denunció, a través de su representante legal, el abogado y constitucionalista Daniel Sabsay, al ministro de Ambiente, Juan Pablo Piccardo, al director de Política y Desarrollo del Espacio Público, Tomás Palastanga, y a Eduardo y Orlando Terranova, de Publicidad Sarmiento, por "defraudación en perjuicio de una administración pública y de negociación incompatible con el ejercicio de funciones públicas y violación de los deberes del funcionario público".

En sus fundamentos Gallardo sostiene que tomó su decisión en función de la "eventual falsedad ideológica de documentación aportada por Publicidad Sarmiento, relativa a la información de sus antecedentes contractuales". Por otro lado el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario consideró que la empresa no pudo acreditar su composición accionaria: "En vez de acreditarse que la empresa correspondía en un 70% a socios nacionales, como lo exige el pliego licitatorio, se manifestó exactamente lo contrario". Los contratos de las empresas que tienen la explotación de la publicidad en el mobiliario urbano vencieron entre 1996 y 2001, pero fueron prorrogados por Macri.

La decisión fue tomada tras la presentación de una medida cautelar interpuesta por Spinazzola, empresa que explota hoy la publicidad en las paradas de colectivos y que quedó excluida en el proceso de precalificación para competir en el negocio de más de 100 millones de pesos anuales. Entre otros cuestionamientos al proceso, Spinazzola acusa a una de las cuatro compañías preseleccionadas de supuestas irregularidades en la conformación de su capital accionario. Se trata de Publicidad Sarmiento, presidida por Osvaldo Terranova, que actualmente explota mil pantallas iluminadas.

Gallardo considera "llamativo el silencio evidenciado" por el gobierno porteño -cuyo Ministerio de Ambiente y Espacio Público, encabezado por Juan Pablo Piccardo, está a cargo de la polémica licitación-, "que debiera extremar y acelerar las previsiones a fin de despejar las sospechas".

En ese sentido, ordena que se investigue si existe una contratación de "activos de origen delictivo".

En la resolución, se advierte que "surgen a las claras las evidencias que corroboran lo denunciado por los restantes oferentes -como violación del porcentaje máximo tolerado por la ley nacional a través de la triangulación accionaria-, y no se verifica ninguna acción de la administración sobre Publicidad Sarmiento".

Daniel Sabsay, patrocinante de Spinazzola, agregó: "Aunque se exige una contracautela muy alta [el juez dispuso que se deposite un millón de pesos], nos da la razón. Tenemos información de que si la Justicia no intervenía, el proceso hubiera continuado la semana próxima".

Apelación

En ese sentido, Pablo Tonelli, procurador del gobierno porteño, respondió: "De ninguna manera se hubiera adjudicado la licitación en esos tiempos. Sólo se iba a abrir el segundo sobre para conocer las ofertas económicas el jueves o viernes próximo. Ahora todo se retrasará. La ciudad apelará la medida y pedirá la revocatoria del juez, ya que el expediente no estaba en su juzgado".

La causa estaba en manos de la jueza Alejandra Petrella, pero durante la última semana de la feria judicial, Gallardo estaba de turno. Según fuentes cercanas al expediente, pidió la causa y resolvió.

El magistrado también resolvió suspender la resolución que disponía no otorgar permisos publicitarios por 120 días, presentada por las empresas del rubro. Paralelamente, el gobierno mantiene reuniones con las empresas de publicidad en la vía pública para llegar a un acuerdo.

La concesión del mobiliario urbano está vencida desde hace más de una década. Desde 2006, cuando se inició el proceso licitatorio, fue suspendido varias veces. Este año se avanzó en la calificación técnica de las ofertas de las empresas que pretenden hacerse cargo del servicio y quedaron cuatro: Publicidad Sarmiento; Viacart, ligada a Daniel Hadad, y Grupo del Sur, a nombre de la ex esposa y los hijos de Enrique Albistur, secretario de Medios de la Nación. En cuarto lugar, quedó PC Publicidad, que hoy tiene la concesión de carteles sobre la avenida Lugones.

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