El proyecto de Ley de Publicidad, impulsado por el Ejecutivo porteño genera serias discrepancias entre los legisladores. A su vez, las cámaras del sector lanzaron una campaña en contra y presentaron recurso de amparo por la suspensión de permisos.
La suspensión por 120 días de entrega de permisos para la colocación en la Ciudad de carteles publicitarios y el avance del proyecto de Ley de Publicidad Exterior genera discrepancias entre legisladores y provoca malestar entre los empresarios del sector.
Referentes legislativos de la oposición y algún sector del propio macrismo objetaron el proyecto de ley inicial impulsado por el Ejecutivo para limitar los anuncios publicitarios en la vía pública.
Una facción del marcrismo asegura que trabaja con el sector en un ambiente cordial para llegar a punto intermedio que suspenda la contaminación visual, pero sin matar la actividad comercial. De la vereda de enfrente, el bloque kirchnerista considera que la iniciativa debe ser descartada porque esa prohibición "esconde un gran negocio para las empresas adjudicatarias del mobiliario urbano, a las que irá a parar buena parte de la publicidad", algo similar aseguran desde APE, la Asociación Argentina de Publicidad Exterior.
El proyecto plantea prohibir las marquesinas y la publicidad de sponsors en toldos de quioscos y reducir considerablemente el tamaño de los carteles salientes que suelen usar los comercios para ser vistos desde lejos.
La iniciativa ya fue rechazada por las cámaras que agrupan a anunciantes y a fabricantes de carteles y por sindicatos de la actividad. Incluso, la APE lanzó una campaña publicitaria contra del proyecto.
• Campaña
La APE (Asociación Argentina de Empresas de Publicidad Exterior) junto a otras entidades, realiza una campaña masiva para concientizar sobre el efecto que pudiera tener la promulgación de la Ley de Publicidad Exterior.
La difusión de la postura de las cámaras del sector publicitario apunta, por un lado, a concienciar al Ejecutivo porteño de que la nueva normativa no sólo es inaplicable tal como está, sino que además es discrecional y producirá el cese de un alto porcentaje de la industria.
"Estamos de acuerdo con que hace falta un ordenamiento, pero este proyecto es muy restrictivo y fue armado sin consultar al sector. Si prospera va a aniquilar a la actividad y 12.000 familias van a quedar en la calle", aseguró a
Totalmedios Gustavo Brizuela, presidente de APE.
Por otro lado, la campaña intenta persuadir al gobierno porteño para que dialogue con el sector que finalmente se verá afectado y contemple las sugerencias realizadas por una comisión integrada por las 4 cámaras, que admiten sobre el desorden existente en la vía pública.
• Recurso de amparo
El viernes pasado el Ministerio de Ambiente y Espacio Público resolvió suspender la colocación de nuevos carteles por 120 días hábiles. Ante la medida, 7 empresas más el sindicato de publicidad y la cámara de industria del letrero, presentaron un recurso de amparo ante la Justicia, argumentando que la actividad no puede paralizarse por 4 meses.
"Están paralizando nuestra actividad por cuatro meses. Vamos a reunirnos para analizar qué medidas tomar", dijo Gustavo Brizuela.
"El proyecto de ley concentra la publicidad exterior en el mobiliario urbano, lo que deja a muchos anunciantes sin poder competir. Admitimos que hay un 50% de carteles en infracción y tenemos buena voluntad para sacarlos; el desorden no le hace bien a un sector serio. Pero esta resolución directamente anula la actividad. Antes de construir y colgar un cartel, debemos habilitarlo. Suspender los permisos es no poder trabajar", aseveró el presidente APE.
El pedido de "medida cautelar" será elevado ante la Justicia Contencioso Administrativa de la Ciudad, debido a que consideran que la iniciativa, al "prohibir la actividad, pone en riesgo 12 mil puestos de trabajo".
Además de la APE, otra entidad empresaria del sector, la Cámara Argentina de la Industria del Letrero y Afines (CAIL), expresó sus críticas, ya que "avasalla derechos adquiridos de los comerciantes y genera incertidumbre sobre la inversión realizada".
"Esta gestión no cumplió a lo largo de los ocho meses de gobierno con expedir la autorización definitiva (terminación del trámite de habilitación que exige la ley) a los miles de tramites iniciados en este tiempo" para regularizar la cartelería, advirtió la CAIL.