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ADEPA dio su visión ante una futura Ley de Radiodifusión
Una delegación de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, encabezada por su presidente, Dr. Lauro F. Laíño, se reunió con la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la ronda de consultas a efectos de la creación de una nueva Ley de Radiodifusión.
Una delegación de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), encabezada por su presidente, Dr. Lauro F. Laíño, se reunió con la Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la ronda de consultas que está realizando el gobierno a efectos de la creación de una nueva Ley de Radiodifusión. También participaron del encuentro entidades representativas de medios de comunicación gráficos, radiales y televisivos.
Ante esta iniciativa, ADEPA presentó el siguiente documento:
“La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) tiene como objetivo principal la defensa de la libertad de prensa, consagrada por principios liminares de la Constitución Nacional.
ADEPA nuclea a los medios gráficos argentinos en toda su extensión y diversidad, aunque su trayectoria y principios estatutarios exceden esta representación y la han convertido en una voz institucional de referencia para la protección de la libre expresión en todos los soportes tecnológicos.
De cara a una cuestión trascendente como la sanción de una nueva Ley de Radiodifusión, no le cabe a ADEPA adentrarse en cuestiones técnicas sino más bien dar una visión filosófica acerca de los principios fundamentales que deberían sustentarla, a fin de que la misma no se vea reñida con las garantías constitucionales y las tradiciones más profundas de nuestra sociedad en relación al valor estratégico de la libertad de prensa.
Como lo ha señalado en su reciente informe semestral (11/4/08), ADEPA “no puede menos que coincidir -como lo reitera desde hace varios años- en la necesidad de actualizar la Ley de Radiodifusión, evitando la regulación de los contenidos periodísticos y contemplando la influencia de los avances tecnológicos”.
Ahora bien, respecto de la oportunidad, nuestra entidad consideró llamativo que se aborde esta cuestión en el marco de un clima de confrontación con los medios de prensa. “Una ley requiere de un debate institucional profundo y desapasionado con todos los sectores involucrados, y de un amplio consenso político y social que asegure su supervivencia”, se sostuvo en dicho informe. Agregándose que “es preciso señalar que no se debe legislar desde el enojo, porque se envilece el objetivo buscado”.
Allí mismo, ADEPA recordó que “la Argentina exhibe con orgullo poseer la mayor cantidad de diarios y revistas en América Latina y una multiplicidad de canales de televisión, señales noticiosas, emisoras de radio y sitios de Internet que aseguran la más plena satisfacción del derecho de la ciudadanía a la información, como estímulo y garantía de nuestro sistema institucional democrático”.
En tal sentido, ADEPA considera que una futura ley debería, ante todo, respetar esa diversidad que ha sido lograda a través de un largo camino que incluyó avances regulatorios, tecnológicos y empresarios, y que se expresa en los derechos y la inversión de aquellos licenciatarios legales que brindan servicios de radiodifusión a lo largo y ancho del país.
Como en otras ocasiones, ADEPA señala la necesidad de excluir por completo la regulación sobre los contenidos periodísticos, de información y de opinión, en resguardo del principio constitucional consagrado en los artículos 14, 32 y 43 de la Carta Magna. En este sentido, la norma debería tomar en cuenta, con una interpretación dinámica, la prohibición expresa que existe para la sanción de leyes que restrinjan la “libertad de imprenta”.
Consiguientemente, y tal como sucede en la prensa escrita, las eventuales responsabilidades civiles por contenidos periodísticos deberán estar siempre sujetas a análisis ulteriores de la Justicia, nunca a controles o autorizaciones preliminares, ya que los mismos constituirían un caso de censura previa.
En este sentido, sería coherente con los más modernos principios jurisprudenciales eliminar expresamente responsabilidades penales por contenidos; tal como lo han solicitado ADEPA y otras instituciones (tanto de defensa de los derechos de los periodistas como de las garantías civiles de los ciudadanos) al recomendar la despenalización de los delitos de calumnias e injurias.
Es importante remarcar que, como lo ha sostenido ADEPA, la libertad de expresión de los titulares de licencias tiene como base la libertad editorial y la libertad de programación. Debe recordarse que las injerencias estatales en este punto siempre son riesgosas y entrañan el peligro de un exceso de intervencionismo. En tal caso, este poder reglamentario debería restringirse estrictamente a cuestiones de orden público, como el horario de protección al menor.
En cuestiones como la propiedad de los medios o la producción de contenidos nacionales, ADEPA se remite a su pronunciamiento del 20 de mayo de 2002, en el cual, en el marco del debate legislativo por la llamada ley de bienes culturales, expuso la necesidad fundamental de que el país resguarde el valor estratégico del capital nacional en las industrias de la cultura en general y los medios de comunicación en particular, tal como sucede en la mayoría de los países.
Otra de las cuestiones sobre las que nuestra entidad ha venido bregando en relación a los medios es la sobrecarga impositiva, en tanto la misma puede transformarse en un factor condicionante para la actividad periodística. En el caso de los medios audiovisuales se ha denunciado un exceso de cargas fiscales y parafiscales que terminan comprometiendo la viabilidad de los mismos, tal como refiere un reciente informe de la industria televisiva. En este punto, no está de más recordar el Pacto de San José de Costa Rica, cuando postula que no se podrá restringir la libertad de expresión por vías o medios indirectos.
Asimismo, y en tanto uno de los principios defendidos por ADEPA es el de la legalidad, resulta importante que en materia de radiodifusión se busque un efectivo control de las emisiones irregulares de radio y televisión, lo que produce un caos en el espectro radioeléctrico y termina perjudicando tanto a los emisores legales como a la recepción de la información por parte del público sin interferencias.
En este mismo sentido de observancia a la ley, debería propenderse a la efectividad de las normas que regulan el acceso a la titularidad y la transferencia de licencias, así como el respeto a los derechos adquiridos de cara a las nuevas tecnologías como la digitalización.
Finalmente, y tal como ADEPA lo ha reclamado en varios pronunciamientos, sería saludable institucionalmente el establecimiento de pautas y procedimientos objetivos para la distribución de Publicidad Oficial, así como de una clara regulación de los medios estatales, garantizando, de acuerdo a los más avanzados antecedentes internacionales, su carácter público y no gubernamental.
Con este aporte preliminar, ADEPA participa de la invitación recibida para iniciar un debate abierto acerca de esta cuestión trascendente, esperando asimismo poder integrar los futuros espacios de trabajo que eventualmente tendrán a su cargo la discusión y elaboración de propuestas” .
Buenos Aires, 25 de abril de 2008
FOTO: (de izq. a der.) Walter Burzaco, presidente de ATVC; Osvaldo Daniel Ripoll, presidente de CEMCI; Lauro F. Laíño, presidente de ADEPA; y Domingo Marra, presidente de ADIRA; junto a la Presidenta de la Nación.
Ante esta iniciativa, ADEPA presentó el siguiente documento:
ADEPA nuclea a los medios gráficos argentinos en toda su extensión y diversidad, aunque su trayectoria y principios estatutarios exceden esta representación y la han convertido en una voz institucional de referencia para la protección de la libre expresión en todos los soportes tecnológicos.
De cara a una cuestión trascendente como la sanción de una nueva Ley de Radiodifusión, no le cabe a ADEPA adentrarse en cuestiones técnicas sino más bien dar una visión filosófica acerca de los principios fundamentales que deberían sustentarla, a fin de que la misma no se vea reñida con las garantías constitucionales y las tradiciones más profundas de nuestra sociedad en relación al valor estratégico de la libertad de prensa.
Como lo ha señalado en su reciente informe semestral (11/4/08), ADEPA “no puede menos que coincidir -como lo reitera desde hace varios años- en la necesidad de actualizar la Ley de Radiodifusión, evitando la regulación de los contenidos periodísticos y contemplando la influencia de los avances tecnológicos”.
Ahora bien, respecto de la oportunidad, nuestra entidad consideró llamativo que se aborde esta cuestión en el marco de un clima de confrontación con los medios de prensa. “Una ley requiere de un debate institucional profundo y desapasionado con todos los sectores involucrados, y de un amplio consenso político y social que asegure su supervivencia”, se sostuvo en dicho informe. Agregándose que “es preciso señalar que no se debe legislar desde el enojo, porque se envilece el objetivo buscado”.
Allí mismo, ADEPA recordó que “la Argentina exhibe con orgullo poseer la mayor cantidad de diarios y revistas en América Latina y una multiplicidad de canales de televisión, señales noticiosas, emisoras de radio y sitios de Internet que aseguran la más plena satisfacción del derecho de la ciudadanía a la información, como estímulo y garantía de nuestro sistema institucional democrático”.
En tal sentido, ADEPA considera que una futura ley debería, ante todo, respetar esa diversidad que ha sido lograda a través de un largo camino que incluyó avances regulatorios, tecnológicos y empresarios, y que se expresa en los derechos y la inversión de aquellos licenciatarios legales que brindan servicios de radiodifusión a lo largo y ancho del país.
Como en otras ocasiones, ADEPA señala la necesidad de excluir por completo la regulación sobre los contenidos periodísticos, de información y de opinión, en resguardo del principio constitucional consagrado en los artículos 14, 32 y 43 de la Carta Magna. En este sentido, la norma debería tomar en cuenta, con una interpretación dinámica, la prohibición expresa que existe para la sanción de leyes que restrinjan la “libertad de imprenta”.
Consiguientemente, y tal como sucede en la prensa escrita, las eventuales responsabilidades civiles por contenidos periodísticos deberán estar siempre sujetas a análisis ulteriores de la Justicia, nunca a controles o autorizaciones preliminares, ya que los mismos constituirían un caso de censura previa.
En este sentido, sería coherente con los más modernos principios jurisprudenciales eliminar expresamente responsabilidades penales por contenidos; tal como lo han solicitado ADEPA y otras instituciones (tanto de defensa de los derechos de los periodistas como de las garantías civiles de los ciudadanos) al recomendar la despenalización de los delitos de calumnias e injurias.
Es importante remarcar que, como lo ha sostenido ADEPA, la libertad de expresión de los titulares de licencias tiene como base la libertad editorial y la libertad de programación. Debe recordarse que las injerencias estatales en este punto siempre son riesgosas y entrañan el peligro de un exceso de intervencionismo. En tal caso, este poder reglamentario debería restringirse estrictamente a cuestiones de orden público, como el horario de protección al menor.
En cuestiones como la propiedad de los medios o la producción de contenidos nacionales, ADEPA se remite a su pronunciamiento del 20 de mayo de 2002, en el cual, en el marco del debate legislativo por la llamada ley de bienes culturales, expuso la necesidad fundamental de que el país resguarde el valor estratégico del capital nacional en las industrias de la cultura en general y los medios de comunicación en particular, tal como sucede en la mayoría de los países.
Otra de las cuestiones sobre las que nuestra entidad ha venido bregando en relación a los medios es la sobrecarga impositiva, en tanto la misma puede transformarse en un factor condicionante para la actividad periodística. En el caso de los medios audiovisuales se ha denunciado un exceso de cargas fiscales y parafiscales que terminan comprometiendo la viabilidad de los mismos, tal como refiere un reciente informe de la industria televisiva. En este punto, no está de más recordar el Pacto de San José de Costa Rica, cuando postula que no se podrá restringir la libertad de expresión por vías o medios indirectos.
Asimismo, y en tanto uno de los principios defendidos por ADEPA es el de la legalidad, resulta importante que en materia de radiodifusión se busque un efectivo control de las emisiones irregulares de radio y televisión, lo que produce un caos en el espectro radioeléctrico y termina perjudicando tanto a los emisores legales como a la recepción de la información por parte del público sin interferencias.
En este mismo sentido de observancia a la ley, debería propenderse a la efectividad de las normas que regulan el acceso a la titularidad y la transferencia de licencias, así como el respeto a los derechos adquiridos de cara a las nuevas tecnologías como la digitalización.
Finalmente, y tal como ADEPA lo ha reclamado en varios pronunciamientos, sería saludable institucionalmente el establecimiento de pautas y procedimientos objetivos para la distribución de Publicidad Oficial, así como de una clara regulación de los medios estatales, garantizando, de acuerdo a los más avanzados antecedentes internacionales, su carácter público y no gubernamental.
Con este aporte preliminar, ADEPA participa de la invitación recibida para iniciar un debate abierto acerca de esta cuestión trascendente, esperando asimismo poder integrar los futuros espacios de trabajo que eventualmente tendrán a su cargo la discusión y elaboración de propuestas” .
Buenos Aires, 25 de abril de 2008
FOTO: (de izq. a der.) Walter Burzaco, presidente de ATVC; Osvaldo Daniel Ripoll, presidente de CEMCI; Lauro F. Laíño, presidente de ADEPA; y Domingo Marra, presidente de ADIRA; junto a la Presidenta de la Nación.
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