Lo resolvió el máximo tribunal en un fallo por mayoría pero con objeciones parciales. De esta forma quedó conformado el camino para la plena entrada en vigencia de la norma. El Grupo Clarín emitió un comunicado donde asegura que seguirá defendiendo sus licencias.
La Corte Suprema avaló la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y reivindicó la facultad del Estado para regular el mercado de las comunicaciones, aunque fuentes del tribunal aclararon que la adecuación del Grupo Clarín será merecedora de una compensación económica.
En este sentido, Clarín "lamentó" que el contenido de la sentencia no haya considerado "el valor de la independencia periodística como presupuesto para la libertad de expresión", al tiempo que "continuará defendiendo judicialmente cada una de sus licencias vigentes y legítimamente adquiridas".
Fuentes de la Corte explicaron que se espera que ahora se abra un proceso de discusión entre las partes para generar la desinversión y alegaron que "se trata de una discusión de carácter patrimonial", ya que el Estado deberá contemplar los derechos adquiridos de Clarín, tras la prórroga de licencias que recibió en 2007.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay y Juan Carlos Maqueda coincidieron en que los artículos cuestionados por el Grupo Clarín (161 y 45) son constitucionales.
Sin embargo, en el primero de ellos, que legisla sobre la adecuación de los medios, Argibay y Maqueda acompañaron a Carlos Fayt, quien fue el único ministro que declaró la inconstitucionalidad de todos los artículos.
En cuanto al fallo, los cuatro ministros que formaron el voto mayoritario determinaron que el plazo de adecuación de un año establecido por el artículo 161 "se encuentra vencido", por lo que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) podría estar en condiciones de inmediato de aplicar la Ley.
El voto coincidente de los seis jueces también avaló el artículo 41, en cuanto "sujeta la transferencia de licencias a la autorización estatal y establece e limitaciones a la enajenación" y el 45, sobre la cantidad máxima de licencias permitida para cada grupo económico.
El fallo, de 392 páginas, dedica un apartado especial a la aplicación de la Ley, en el que consagra el "derecho de propiedad" y establece que la adecuación por parte de Clarín, que implicará el desprendimiento de señales, generará por una u otra vía, una compensación económica.
Tras aclarar que "no se ha probado que exista una afectación actual de la libertad de expresión" los jueces Lorenzetti, Highton, Petracchi y Zaffaroni subrayaron que la Ley "establece límites iguales para todos los titulares de licencias" y, en consecuencia, opinó que "no ha sido acreditado que el régimen que establece la Ley ponga en riesgo la sustentabilidad económica" del Grupo Clarín.
Sin embargo, los ministros reconocieron que Clarín accedió a una prórroga de licencias sobre el final del gobierno de Néstor Kirchner, que fue ratificada por el Congreso después de sancionada la Ley, lo que generó un derecho patrimonial que ante la aplicación de la normativa nueva debe ser compensado.
"El modo de proteger estas licencias es la indemnización pecuniaria, pero de ningún modo implica que la Ley no pueda ser aplicada", sostuvo el fallo coincidente de los cuatro jueces, pues Argibay y Maqueda votaron en disidencia parcial sobre estos puntos.
A la par, los jueces indicaron que deben existir políticas transparentes sobre subsidios y publicidad oficial. La Afsca debe ser independiente y la ley debe ser aplicada respetando la igualdad y el debido proceso, evaluaron.
Por su parte, el decano de los jueces de la Corte, Carlos Fayt se pronunció –en disidencia- por la inconstitucionalidad de los cuatro artículos en juego y, en ese sentido, sostuvo que no debía aplicarse "ninguna limitación y no hay obligación de desinvertir", por lo que en su criterio, el Grupo Clarín "continúa en la misma situación actual, si necesidad de ajustarse en ningún momento".
Comunicado del Grupo Clarín
Luego de conocerse el fallo de la Corte respecto a la Ley de Medios, el Grupo Clarín cuestionó la sentencia y a varios de los aspectos de la misma. A continuación reproducimos el comunicado oficial brindado por la empresa.
"Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la ley de medios, el Grupo Clarín ratifica, como lo ha hecho en cada instancia judicial, que se encuentra a derecho y que respeta las decisiones judiciales. También, que analiza las futuras derivaciones judiciales del caso, incluyendo la apelación ante tribunales internacionales.
El Grupo considera que los artículos cuestionados -como sostienen los tres votos en disidencia- contradicen no sólo principios de la Constitución Argentina sino de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), así como recientes precedentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA.
Tanto la ley como el fallo, al desconocer licencias vigentes con varios años por delante, violentan abiertamente los derechos adquiridos, como también lo reconocieron tres miembros de la Corte. Y al silenciar, sin justificación técnica ni competitiva alguna, medios que hoy ejercen periodismo crítico, configuran una clara afectación a la libertad de expresión. Además, impedir el funcionamiento, como hace la ley, de medios que no usan espectro radioeléctrico, equivale a prohibir un diario o un sitio de Internet, lo que implica censura previa para la Constitución y los tratados internacionales.
La prueba más concreta de la verdadera intención del gobierno con esta ley, ha sido la enorme colonización oficial de medios producida desde su sanción. Hoy más del 80% de los medios audiovisuales responden directa o indirectamente al oficialismo. La ley busca medios que no sean autosustentables sino que dependan de la publicidad oficial o de negocios vinculados con el Estado. De allí que desde 2009 se haya producido el cambio de manos de numerosos medios y el sojuzgamiento de tantos otros con recursos públicos.
En cumplimiento del fallo -que cuestionó tanto la implementación de la ley como la actuación de la autoridad de aplicación- el Grupo Clarín exigirá, en las instancias correspondientes y previo a cualquier otra medida, que las mismas se adecúen a los principios constitucionales de imparcialidad, independencia y solvencia técnica, señalados por la Corte. Además, y también de acuerdo a lo expresado en la sentencia, el Grupo Clarín continuará defendiendo judicialmente cada una de sus licencias vigentes y legítimamente adquiridas.
Finalmente, el Grupo Clarín lamenta el contenido de un fallo que no considera el valor de la independencia periodística como presupuesto para la libertad de expresión. Y de ese modo, condiciona seriamente la posibilidad real de ejercer la crítica al poder político, supuesto indispensable de la democracia".